La macrounidad acompañó a la institución en su cuenta pública de gestión 2021, en el marco del trabajo conjunto.

ULS y la Facultad de Cs. Sociales, Empresariales y Jurídicas se hicieron presentes en la sexta cuenta pública de gestión, año 2021, del Fiscal Regional de Coquimbo, Adrián Vega, instancia transmitida vía streaming a raíz de la pandemia por Covid 19 y en la que participaron el Vicerrector de Asuntos Económicos y Administrativos, Dr. Armando Mansilla, y la Decana de la FACSEJ, Dra. Luperfina Rojas.

La Decana de la FACSEJ destacó que "como Facultad estamos muy atentos en apoyar a los distintos organismos públicos que se relacionan con la administración de la justicia en nuestro país. A través de nuestro Departamento de Ciencias Jurídicas, tenemos un contacto directo tanto con el Ministerio Público como con la Defensoría Penal Pública, realizando actividades académicas en conjunto, que permiten a estudiantes de la carrera de Derecho, relacionarse desde su formación con aspectos esenciales del ámbito penal y procesal. Esta Cuenta Pública del Fiscal Regional, ha sido impecable y da cuenta de los avances que este importante órgano autónomo realiza en la Región de Coquimbo".

En la ocasión, Vega detalló la cantidad de causas ingresadas y terminadas, resultados de la gestión, proyectos de mejora y un llamado a mantener la autonomía en la Persecución Penal.

Además, el Fiscal Adrián Vega enfatizó en la colaboración con la Convención Constitucional, basada en el diálogo, autonomía, política de persecución penal, relación con las policías, transparencia, y compromiso, vocación de servicio y mejora continua. “El Ministerio Público ha querido sumarse al histórico proceso constituyente que vive Chile, a través del levantamiento de un conjunto de propuestas para perfeccionar el sistema de persecución penal, las que fueron identificadas por fiscales, funcionarias, funcionarios y académicos de todo el país, mediante un trabajo profundamente participativo, con el fin de ponerlas a disposición de la Convención y colaborar, así, con este gran desafío democrático”.

“Lo dijimos. Un Estado de Derecho implica autonomía de poder persecutorio de los delitos. Así lo refiere la AIAMP (Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos): si no hay un organismo que sea autónomo que persiga delitos, se perseguirá selectivamente y eso atenta contra la igualdad ante la ley, en palabras simples”, mencionó.

En cuanto a resultados, en el año 2021 ingresaron 54.142 casos, que corresponde a una baja del 10% con respecto al año anterior. “Por primera vez en estos 6 años de gestión, se observa una disminución en los ingresos, principalmente debido a la fuerte baja de denuncias por delitos relacionados con la salud pública y a la disminución de ciertos delitos de mayor connotación”, dijo.

Las fiscalías concluyeron 56.829 causas, cifra que significa la recuperación de la tasa de términos y revierte acumulaciones de las causas de los dos últimos años.

La cuenta pública del Fiscal Regional se encuentra disponible en: https://youtu.be/2rblImcBX-M