Cuando se discute la Reforma Educacional, es relevante recordar la definición que tiene la educación, según la Ley N° 20.370, artículo 2. Es definida como un “proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas^”. 

La tarea de educar, de formar ciudadanos que aporten al desarrollo del país, necesita que las instituciones que desarrollan este rol, especialmente las que son parte del Estado, cuenten con apoyo concreto y suficiente para llevar a cabo esta misión país. 

Fortalecer el trabajo de las universidades estatales requiere de un nuevo trato real, que no signifique únicamente supervisar y verificar la utilización de los exiguos recursos que disponen, fruto de las nefastas políticas de autofinanciamiento vigentes, que ha traído como resultado que los jóvenes se endeuden por aquello que es un derecho. 

Por su parte, las universidades tienen que preocuparse cada año por su financiamiento, ya que deben otorgar el reajuste del sector público para sus funcionarios, donde los ingresos no se reajustan en la misma proporción. Además, los mayores costos debieran traspasarse a los estudiantes, compleja situación que no compartimos porque la Universidad no puede hacerse cargo de una situación, que en algunas ocasiones le ha significado movimientos estudiantiles, por algo que le corresponde asumir al Estado. 

Cabe preguntarse entonces, ¿Cómo una universidad del Estado de Chile recibe menos recursos fiscales que algunas universidades privadas de iguales características del CRUCH? Estamos convencidos que la condición de estatal no puede significar solo exigencias, trabas administrativas y gastos innecesarios, sino debiera concretarse en un apoyo real y efectivo por parte del Estado.  Reformar la educación requiere una mirada sistémica, consistente y decidida, considerando también las grandes expectativas que se han creado sobre gratuidad.

El nuevo trato entre el Estado y sus universidades declarado en el programa de la Presidenta Bachelet se justifica plenamente, porque el Estado es su dueño y por el rol estratégico que estas desempeñan, por su solidaridad y responsabilidad social.

La Educación Superior Estatal requiere y reclama condiciones  que garanticen el cumplimiento de la misión que el mismo Estado le demanda. Es imperioso que la Reforma Educacional valore el esfuerzo que estas instituciones realizan y que, a través de acciones concretas, demuestre lo que hasta hoy, solo se declara en discursos.