Las rectoras y rectores de las 18 Universidades estatales de Chile manifestamos a la opinión pública, y especialmente a nuestras comunidades , nuestra profunda sorpresa y contrariedad por la decisión de los Ministerios de Hacienda y del Trabajo de nuevamente marginar a las y los funcionarios, profesionales, profesores e investigadores de las Universidades Públicas, del reajuste salarial de 4,3% que le corresponde a todos los trabajadores del sector público a contar del 1° de diciembre de 2023, conforme a lo anunciado por las autoridades.

Esta discriminación desconoce el acuerdo tripartito suscrito por el Ministerio de Educación con los gremios de las universidades y sus autoridades académicas, después de un trabajo conjunto de un año, que fijó como un principio mínimo avanzar hacia la igualdad de trato entre todos los funcionarios públicos en materia de reajuste legal.

Es incomprensible e indefendible el doble estándar con que se sigue tratando a los trabajadores de las Universidades Públicas por parte del Estado, que les exige cumplir en su labor diaria con las obligaciones y normas propias de empleados públicos, pero les excluye luego del reajuste salarial de  dichos trabajadores, porque -a diferencia de todas las otras instituciones del Estado que reciben directamente del gobierno los recursos extraordinarios para financiar el reajuste anual-, a las Universidades estatales no se les entregará ese financiamiento, haciéndolas íntegramente responsables de su cobertura.

Más aún, resulta particularmente ominoso y falaz que, en el protocolo de acuerdo del reajuste salarial, se trate de pasar como novedad y buena noticia que las Universidades podrán financiar con sus propios recursos actuales este reajuste, haciendo uso del Fondo AIUE para esos fines, cuando las autoridades saben que ese Fondo está muy lejos de siquiera cubrir los gastos básicos de las instituciones.

En la práctica nos piden financiar el nuevo reajuste con los recursos propios que ya se usan, entre muchos otros fines, para las remuneraciones de los trabajadores, precarizando una vez más a todo el sistema de educación pública.

Más que indignación, expresamos nuestra decepción por el trato discriminatorio que pensamos terminaría esta vez, dados los acuerdos de buena fe alcanzados en la mesa tripartita con el gobierno. Las trabajadoras y trabajadores de las Universidades Públicas merecen de una vez por todas el mismo trato, respeto y valoración que todas y todos los funcionarios públicos de nuestro país, porque se lo ganan día a día, con su entrega y profesionalismo, contribuyendo activamente en el inmenso aporte a la movilidad social y al desarrollo que generan nuestras instituciones.

Es nuestro deber alertar a los gremios y trabajadores de las Universidades Públicas que el reajuste anunciado no podrá ser automático ni universal como ocurre en todos los demás entes del Estado, porque no se nos entregarán los recursos efectivos para financiarlo. Cada Universidad, una vez más, tendrá que medir su propia disponibilidad presupuestaria para ese fin, sin soslayar que ese esfuerzo no puede poner en riesgo la sostenibilidad financiera de la Educación Superior Pública, afectada por el permanente abandono del Estado en su deber de garantizar el derecho a una educación pública, laica, gratuita y de calidad.

Llamamos a las autoridades a reflexionar sobre las consecuencias de este trato desigual, injusto, y discriminatorio con que el Estado como empleador actúa con los trabajadores de las Universidades Estatales. Necesitamos más actos reales de voluntad política y menos buenas intenciones en acuerdos que no se cumplen. Son los actos los que demuestran el real compromiso y vocación por la Educación Pública.

CONSORCIO DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE CHILE