Las universidades regionales agrupadas en AUR, son agentes de desarrollo que aportan a la formación de personas con capacidades técnicas y valores, impulsan investigación pertinente a los problemas de sus comunidades y han establecido una estrecha relación con las instituciones, agentes productivos y organizaciones sociales de sus territorios. La ciudadanía las reconoce distinguiéndolas como las entidades con mayor legitimidad.

El quehacer universitario en regiones, particularmente de zonas extremas y baja población, enfrenta serios obstáculos algunos derivados del centralismo político, económico y administrativo, y otros, por políticas de educación superior que no terminan por subsanar esta realidad. La asignación de recursos tiende a seguir la inercia histórica que reafirma una concentración institucional y territorial en las grandes urbes y principalmente en la Región Metropolitana, exacerbando así las inequidades existentes.

Se requiere superar normativas e instrumentos homogéneos y pasar a un trato que reconozca y haga justicia a las distintas realidades y que, en muchos casos por el tamaño de las regiones, no alcanzan los beneficios de las economías de escala. Por ello, y en todas las áreas, pero especialmente en el ámbito del financiamiento, nos parece insuficiente y poco alentador lo que a todas luces será el Presupuesto 2025 para la educación superior.

Formación de capacidades para el desarrollo regional. Las universidades deben formar capacidades que cubran de manera integral todas las dimensiones del desarrollo regional. Hay carreras estratégicas y/o de relevancia social que enfrentan baja matrícula, como las pedagogías, licenciaturas, ciencias básicas, artes, humanidades y otras cuyo costo y baja sostenibilidad económica es asumida íntegramente por universidades regionales.

Esto debe dar lugar a aranceles de referencia y subvenciones específicas que consideren los costos reales de cada institución en virtud de los contextos territoriales específicos. Por ejemplo, se debe considerar la menor matrícula en la mayor parte de las regiones, compensando financieramente el equivalente a un mínimo de matrícula, (12 alumnos) cuando no se alcanza esa cifra. También deben reconocerse las brechas de escolaridad y las características socioeconómicas y culturales existentes. Los mayores niveles de pobreza, ruralidad y zonas aisladas en varias regiones requieren fortalecer los programas de bienestar estudiantil, tales como alimentación, servicios de salud y transporte, iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, tanto a nivel de pregrado como de posgrado.

Investigación para el desarrollo. Chile requiere disponer de estudios que fundamenten las políticas públicas y el quehacer de la sociedad. Las regiones poseen realidades sociales, culturales, ambientales y potencialidades productivas muy diversas y que demandan respuestas oportunas y adecuadas. Sin embargo, el financiamiento a la ciencia enfrenta dos problemas, es magro, inferior al 0.4% del PIB y, su concentración institucional y territorial en perjuicio de regiones de menor tamaño o lejanas de la capital. El financiamiento de los GORES vía FIC ha subsanado muy parcialmente esta situación, pero son reducidos los recursos y compleja su burocracia.

Tanto en el monto como en la asignación territorial, no se observan cambios que alteren la inercia histórica. Reformas recientes a la Ley del Royalty Minero y la creación de un nuevo fondo no mejoran a esta situación, pues los procesos aparecen igualmente burocráticos. A ello, se suma la llegada de nuevas autoridades regionales, cuya instalación inevitablemente afectará de manera negativa la velocidad de los procesos.

Superar esta realidad demanda una Política de Estado para una efectiva “Descentralización” de recursos y capacidades científicas, que incentive la instalación y el arraigo de talentos y dote a las comunidades científicas de adecuados recursos para asumir los problemas socio-culturales, ambientales y los desafíos y potencialidades productivas existentes en todas las regiones.

Fortalecer las comunidades regionales. La concentración de actividades en unas pocas urbes limita el accionar de diversas instituciones, gremios, empresas, organizaciones sociales y también de GORES y municipios. Por ello, el área de trabajo que más caracteriza a las universidades regionales son los programas y proyectos que ejecuta con contrapartes del entorno, incluyendo aquí la variada agenda de extensión artística y cultural.  Pero muchas de esas actividades no tienen fuentes regulares de financiamiento central o regional, estresando los presupuestos universitarios.

El Fondo de Educación Superior Regional fue pensado para apoyar esas actividades importantes pero carentes de recursos. Dicho Fondo debe ser asignado según las realidades de cada región, reduciendo burocracias y en especial, incrementar su volumen para cubrir al menos parte de los presupuestos que las universidades invierten en extensión artístico cultural e iniciativas con las comunidades del entorno. También se debe apoyar a aquellas universidades que impulsan alianzas estratégicas con gremios y empresas privadas, contribuyendo así al desarrollo regional.

Eliminar burocracia excesiva. Las universidades regionales valoran criterios de transparencia, gestión de calidad y responsable. Sin embargo hay procesos y mecanismos que más que aportar los dificultan y obligan a concentrar excesivos recursos humanos y tiempo.

Algunos avances a considerar son la entrega programada y oportuna de fondos por concepto de gratuidad y becas; simplificar mecanismos de endeudamiento a largo plazo y acceso a condiciones similares; adecuar el sistema de compras públicas de universidades regionales, reconociendo sus características distintivas respecto de otras organizaciones del sector público.

Las Universidades Regionales, por todo lo indicado, señalamos nuestra insatisfacción con el proyecto de presupuesto 2025. En efecto, él posterga una vez más el avance hacia una efectiva descentralización de la educación superior, ignora las inequidades territoriales y tampoco fortalece a nuestras instituciones en su aporte al desarrollo regional.

Para avanzar hacia procesos de desarrollo socio-económicamente inclusivos y territorialmente equilibrados proponemos:

·       Los aranceles deben asumir la realidad de cada universidad e incorporar los ajustes territoriales pertinentes.

·       Subvenciones Estratégicas focalizadas en carreras de alta importancia social y baja matrícula.

·       El Fondo de Educación Superior Regional debe incrementar su presupuesto y flexibilizar su gestión.

·       Con recursos del Royalty se debe dar apoyo financiero a las alianzas Universidades-Agentes Productivos.

·       Financiamiento Oportuno y Eficiente, ajustando el traspaso de remesas para gratuidad y becas.

·   Flexibilidad Administrativa para reducir la burocracia en el acceso oportuno y periódico a financiamiento y en la gestión de compras públicas para universidades regionales.

·      Programa de Apoyo a Universidades de Regiones Más Complejas, con instrumentos de financiamiento que den trato diferenciado a universidades de regiones de zonas extremas, menos población y aquellas que atienden una mayor proporción de estudiantes socioeconómicas y/o culturales vulnerables.

·      Implementar estrategias que mejoren el acceso y la equidad para estudiantes vulnerables en

universidades regionales.

·     Desarrollar programas de apoyo académico y socioemocional para aumentar las tasas de graduación de estudiantes vulnerables.

·  Promover investigaciones de calidad en áreas clave para el desarrollo regional, involucrando a estudiantes vulnerables en proyectos relevantes.

·   Ampliar el límite de uso del Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU) al 45% del flujo anual y al 50% de los excedentes acumulados.

·    La reposición del fondo FONDEQUIP, esencial para la renovación de equipamiento científico y tecnológico, con reasignaciones que no signifiquen pérdidas en los fondos históricos y esenciales para las universidades.