En la Universidad del Bío Bío, en la ciudad de Concepción, plantearon que la iniciativa legal requiere ser complementada con un nuevo modelo de financiamiento para las universidades públicas. 

Las rectoras y rectores del Consorcio de Universidades Estatales de Chile, CUECH, reunidos en la Universidad del Bío Bío en Concepción, manifestaron su preocupación por los alcances del proyecto de Ley que crea el Fondo de Educación Superior (FES) - que reemplazaría al mecanismo del Crédito con Aval del Estado (CAE)- en la sostenibilidad financiera y la capacidad de desarrollo de las universidades públicas.

Para el Consorcio es altamente positivo que se termine con el CAE como una política que se encuentra agotada y se avance en una nueva modalidad de financiamiento que garantice el acceso a la Educación Superior de estudiantes como un derecho, pero advierten que el actual proyecto de Ley del FES consolida un modelo de subsidio a la demanda que desconoce el impacto social de la educación y las distinciones entre los distintos tipos de universidades del sistema.

Para el presidente del CUECH, rector Osvaldo Corrales de la Universidad de Valparaíso, “la propuesta actual del nuevo FES homogeniza a las universidades públicas y privadas como si fueran un mismo tipo de instituciones, sin reconocer que las universidades estatales tenemos una misión legal y una responsabilidad con la sociedad chilena que va mucho más allá de la docencia. Termina diluyendo el valor distintivo de la educación pública y transforma a todo el sistema en un mercado privado sin capacidad de cumplir sus fines sociales, territoriales y de desarrollo humano”.

El rector Corrales enfatizó que “este proyecto de Ley no se hace cargo del desarrollo armónico de las universidades poniendo en riesgo la sostenibilidad financiera de las instituciones públicas que tenemos mayores obligaciones que los privados, como la soberanía educacional en zonas extremas; la vinculación con los territorios, el cuidado de la salud mental de las comunidades; el resguardo del patrimonio histórico, cultural e intangible de las regiones del país; la creación y promoción de actividades artísticas; el liderazgo de la investigación científica y la innovación productiva; la mantención de carreras estratégicas para el país pero que tienen una baja demanda que no cubre sus costos, como las pedagogías; la preparación de especialistas para la salud pública en todos los territorios; la movilidad social e inclusión, entre muchos otros ámbitos de gestión excluyentes de nuestras instituciones”.

Por su parte, el rector Benito Umaña de la Universidad del Bío Bío, recalcó que el nuevo FES no corrige la asimetría histórica entre universidades públicas y privadas, “donde las universidades estatales estamos llenas de restricciones para crecer y competir en igualdad de condiciones con las universidades privadas que tienen al contrario mínimas regulaciones, pero al final del día reciben el 70% de los recursos públicos que destina el Estado a la educación superior”.

Otros elementos que a juicio de las rectoras y rectores del CUECH deben revisarse en el debate legislativo son el marco de referencia de los aranceles regulados, para que reflejen objetivamente los costos reales de hacer Universidad más allá de la docencia  en la sala de clases; la posibilidad de aporte de las familias a través de un copago; la sobre regulación que incide en la eficiencia administrativa de las instituciones estatales; la forma en que el Estado entregará oportunamente los recursos públicos para asegurar la viabilidad financiera del sistema; así como las políticas para fortalecer a la educación superior pública y el crecimiento de estas universidades.

Durante el mes de diciembre, el CUECH entregará en el Congreso Nacional su visión sobre el proyecto de Ley con la vocación de mejorar la propuesta, pensando en las necesidades sociales del país para su desarrollo integral.