El documento entra en vigencia en enero de 2026.

Con el propósito de fortalecer espacios formativos seguros, inclusivos y libres de violencia, el Núcleo de las carreras de Salud de la Facultad de Ciencias presentó el nuevo Protocolo de Denuncias en Contexto de Prácticas, Pasantías y Actividades de Formación en Campos Clínicos, un documento elaborado en conjunto con el Departamento de Equidad y Género y la Relación Asistencial Docente (RAD).

La iniciativa se enmarca en la Norma de Carácter General N°4 (NCG4) de la Superintendencia de Educación Superior, que regula la sana convivencia y la protección de la salud mental en la formación de estudiantes del área de la salud, y en la Ley N°21.369, que aborda el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en la educación superior.

Alfredo Gary, director de la carrera de Kinesiología y coordinador del Núcleo de las carreras de Salud, valoró el impacto de la normativa al “visualizar de manera más realista y humana la relación entre los campos clínicos y la universidad”, destacando su contribución al fortalecimiento de una comunidad educativa más sana “desde el punto de vista físico, psicológico y emocional”.

Esta normativa, que entrará en vigencia en enero de 2026, amplía la responsabilidad de las instituciones para garantizar la protección integral de sus estudiantes en todos los espacios de práctica profesional.

Vanessa Alfred, abogada del Departamento de Equidad y Género, destacó que el nuevo protocolo “establece un canal único de denuncias, procedimientos claros para prevenir, investigar y sancionar situaciones de maltrato, acoso, abuso de poder, violencia o discriminación que puedan ocurrir en los espacios formativos, tanto dentro como fuera de la institución”.

Además, subrayó que este avance representa “un hito para la comunidad universitaria, pues permite cumplir con estándares nacionales de protección, promover entornos de aprendizaje saludables y reforzar el compromiso institucional con los derechos humanos, la equidad y la dignidad”.

Entre los principales desafíos de implementación, la abogada señaló la necesidad de armonizar los convenios asistenciales docentes, fortalecer la formación de tutores clínicos y asegurar la coordinación interinstitucional, de modo que los procedimientos de denuncia y acompañamiento sean efectivos, confidenciales y respetuosos de los principios de no revictimización y perspectiva de género.

Por su parte, Fabiola Gutiérrez, enfermera de la Relación Asistencial Docente (RAD), explicó que este protocolo “representa un avance fundamental en la formación clínica”, ya que por primera vez se establecen lineamientos nacionales que promueven la sana convivencia y la protección de la salud mental en los campos clínicos.

La profesional enfatizó que la norma “refuerza la corresponsabilidad entre universidades y establecimientos de salud, impulsa la capacitación obligatoria en buen trato y enfoque de derechos humanos, y establece canales seguros para la denuncia y el apoyo psicológico”.

El Dr. Gary subrayó además que el trabajo conjunto entre el Núcleo de la Salud y el Departamento de Equidad y Género “se ha transformado en un eje fundamental para comprender la realidad de estudiantes y funcionarios, y para generar vínculos efectivos entre la universidad y la comunidad”.

“Los desafíos más grandes estarán en operativizar esta normativa y construir puentes de conexión respetuosos entre las instituciones, promoviendo el buen trato, la prevención y el seguimiento de los casos con responsabilidad y enfoque humano”, añadió.