Los académicos de la Universidad de La Serena, Pablo Álvarez y Germán Solís alertan que la escasez de agua está limitando la actividad productiva y generando impactos sociales en el territorio.

La superficie agrícola bajo riego en la Provincia de Limarí ha disminuido en los últimos años debido a la escasez hídrica, así le advirtió la Junta de Vigilancia del Río Limarí, Río Grande y sus afluentes, quienes revelaron que en cinco años se han perdido al menos 10 mil hectáreas cultivables, lo que ha obligado a reducir o abandonar cultivos y ha impactado la producción y el empleo rural.

Respecto al contexto hídrico actual, el académico del Departamento de Agronomía de la Universidad de La Serena y director del Laboratorio PROMMRA y del Consorcio Centro Tecnológico del Agua Quitai-Anko, Pablo Álvarez, señaló que “la situación hídrica es compleja, como lo ha sido en los últimos 14 años. En particular, el almacenamiento de los embalses del sistema Paloma llegó al 10% de su capacidad, mientras que a nivel regional estamos en torno al 15%”.

Pese a esto, el ingeniero agrónomo sostuvo que “lo más importante es que hoy existe planificación frente a la situación. Estamos en condiciones que han ocurrido en 3 oportunidades entre 2014 y 2023, por lo que existe experiencia y capacidades en las organizaciones de usuarios para enfrentar esta dificultad”.

Sumado a esto, el Doctor en Gestión de Recursos Hídricos indicó que “el acuerdo de redistribución de las organizaciones de usuarios de agua, revisado por la Dirección General de Aguas, garantiza el consumo humano”. Lo más complejo es el efecto profundo y sostenido de la escasez hídrica en las actividades productivas y particularmente en la agricultura.

Estrategias para enfrentar la situación

En cuanto a posibles soluciones, el Dr. Álvarez aseguró que “se requieren medidas estructurales, como mejorar la eficiencia en el uso del agua y reducir su consumo en actividades no esenciales. Pero, sobre todo, es clave integrar nuevas fuentes, como el uso de agua desalada para consumo humano y la reutilización de aguas provenientes del uso doméstico. Eestas medidas no resuelven el problema estructural, pero a lo menos separan la discusión de la seguridad hídrica para el consumo humano del desarrollo de otras actividades relevantes en los territorios”.

“De acuerdo con los modelos que hemos evaluado, la tecnificación del riego ayuda porque reduce el uso de agua por hectárea, pero es insuficiente frente a la magnitud del déficit hídrico y su persistencia” añadió.

En línea con esto, el experto advirtió que “tecnificar, revestir canales o usar sistemas de riego más eficientes puede disminuir la recarga de aguas subterráneas. Por eso, si no se generan mecanismos para recargar los acuíferos, en el futuro podríamos enfrentar nuevas dificultades”.

Ahondando en esto, el académico advirtió que “esta es una situación estructural, por lo que también debemos considerar la productividad del agua, es decir, usar el recurso en actividades que generen el mayor beneficio con el menor consumo. Esto representa un desafío para la agricultura y otras actividades productivas”.

“En este escenario, actividades como el turismo o una agricultura de nicho pueden ser alternativas. Por ello, abordar estos desafíos requiere no solo el esfuerzo de los agricultores, sino también apoyo del Estado, de organizaciones y particularmente de los científicos y los organismos promotores de la innovación y creación”, recalcó.

Mujeres en desventaja

Respecto al impacto de la disminución de la superficie agrícola y la menor disponibilidad de agua en zonas rurales como el Limarí, el académico de Derecho Laboral de la Universidad de La Serena, Germán Solís Godoy, remarcó que “esto afecta de manera desigual a las mujeres rurales, ya que muchas trabajan como temporeras y además son responsables del abastecimiento de agua en sus hogares”.

Además, el magíster en Intervención Interdisciplinar en Violencia de Género reveló que “según el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), en zonas rurales las mujeres cumplen un rol central en las labores domésticas y de cuidado, por lo que en contextos de inseguridad hídrica suelen asumir la responsabilidad del acceso y gestión del agua en sus hogares”.

“La crisis hídrica aumenta la carga laboral invisible de las mujeres, ya que deben dedicar más tiempo a conseguir agua y enfrentar la pérdida de cultivos familiares. Además, la reducción de tierras puede generar migración rural y mayor vulnerabilidad laboral”, agregó.

En apoyo a esto, el experto hizo hincapié en que “investigaciones sobre escasez hídrica y género en Coquimbo muestran que aunque las mujeres han tenido un rol clave en la organización comunitaria, aún tienen menor poder de decisión en la gestión del agua”.

Ahondando en las consecuencias sociales y económicas, Solís argumentó que “la reducción de la actividad agrícola en el Limarí afecta especialmente a las mujeres que dependen de trabajos temporales y que ya enfrentan mayor informalidad y bajos salarios. Además, la crisis hídrica empuja a muchas a migrar a ciudades, donde suelen acceder a empleos precarios”.

“Reportes sobre mujeres migrantes en el agro chileno indican que ellas sostienen gran parte de la producción, pero con escasas garantías laborales. Esta precariedad también se repite en la migración interna, donde muchas mujeres rurales que dejan el Limarí se insertan en trabajos informales, debilitando las redes comunitarias que suelen liderar”, manifestó.

Finalmente, el abogado explicó que “la pérdida de tierras cultivables y empleos agrícolas también tiene efectos intergeneracionales, ya que limita las oportunidades de educación y movilidad social, por lo que la crisis hídrica requiere políticas públicas con enfoque de género y territorial”.