Las universidades estatales son instituciones con una fuerte y real vocación social. En ellas no existe el lucro, por el contrario, su quehacer apunta a constituirse en medios de movilidad y transformación social. 

A 25  años del retorno a la democracia, el Estado aún mantiene el nefasto modelo económico del autofinanciamiento instalado el año 1981. El Estado ha actuado unilateralmente y ello se ha traducido en un maltrato a sus universidades, entregando menos recursos, poniendo cada vez más trabas, que les han obligado a competir con los brazos atados.

En este complejo escenario, la Universidad de La Serena ha asumido con responsabilidad  y esfuerzos propios, su compromiso histórico con la región de Coquimbo, contrario a la visión mercantilista de la educación. La ULS no cierra carreras que, desde la perspectiva del lucro, son poco rentables para el mercado. Más del 70% de los estudiantes de la ULS pertenecen a los primeros 3 quintiles. Cerca del 80% de sus alumnos son de esta Región y por ellos se ha establecido la política de que nadie deje de estudiar por razones económicas.

Tenemos la convicción de que el modelo mercantilista de la educación es adverso para el desarrollo de la región y el país, entrampa las posibilidades reales de crecimiento, constituyéndose en un profundo factor de inequidad que no aporta a la descentralización y desarrollo regional.

Hoy vemos con decepción como el compromiso de realizar una reforma estructural para tener una educación gratuita y de calidad como un derecho fundamental, no está presente en el proyecto de Presupuesto de la Nación 2015; tampoco hay una señal clara de “un trato preferente con las universidades de propiedad del Estado” declarado en el programa de gobierno.

Constituye un deber de Estado que exista y se demuestre coherencia política entre el discurso y la acción gubernativa para que esta equívoca situación sea rectificada, por un imperativo deber de Justicia y como prueba  de una preocupación real por la educación chilena.