Por más de cuarenta años el Estado de Chile ha abandonado y maltratado a sus universidades estatales. Hoy vemos con muchas expectativas el programa de la Presidenta Michelle Bachelet, que declara “un trato preferente con las universidades de propiedad del Estado”, lo cual desde el punto de vista de la Universidad de La Serena, debiera significar una solución a las problemáticas que actualmente viven estas instituciones. 

Además de aspirar  a un financiamiento más justo y equitativo, que elimine el negativo modelo de autofinanciamiento imperante que afecta tanto a las familias chilenas como a las universidades, se requiere de manera urgente la aprobación del proyecto de Ley de Incentivo al Retiro para académicos y no académicos, dado que los trabajadores de las universidades estatales son funcionarios públicos.

Es necesaria la incorporación de recursos que financien la brecha que se produce por el reajuste del Sector Público en las remuneraciones y el menor reajuste de los ingresos, lo que acontece cada año y que obliga a gravar a los estudiantes con alzas de aranceles. No compartimos esta medida por el efecto negativo que se produce en la situación económica de las familias. Por lo tanto, bajo la nueva lógica que tiende a la gratuidad, ésta debiera ser la primera señal concreta que el Estado entregue.

Entre las medidas que se requiere implementar están la definición de recursos para operación, de libre disposición y para el desarrollo contra compromisos en los Convenios Marcos, y la aprobación de un proyecto que flexibilice las normas de control administrativo a las que sólo están sujetas las universidades estatales, que impiden desarrollar las tramitaciones de obras y construcciones universitarias con mayor dinamismo y fluidez, lo que va en detrimento de la gestión debido a sus mayores costos. 

Es fundamental que lo establecido en el programa presidencial se haga realidad, y las universidades estatales necesitan imperiosamente que esta declaración se transforme en acción.

Además, considerando los mayores requerimientos de la calidad, apremia la creación de un Fondo de Infraestructura Pública para financiar proyectos de mantención, reposición y renovación del Patrimonio Público, ya que las universidades estatales no reciben apoyo para mantener estos bienes públicos de todos los chilenos. En promedio entre un 70 y 80 % de los ingresos se invierten en remuneraciones, debido a que los recursos son escasos.

Es urgente que el Estado cese con esta política de inequidad y discriminación que ha significado que algunas universidades privadas del CRUCH reciban más apoyo del Estado que sus propias instituciones. 

La Universidad de La Serena requiere de un trato justo por parte del Estado para terminar con este insostenible modelo de financiamiento.